PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad

La ciudadanía es una categoría que ha sido estudiada de forma reiterada en las ciencias sociales desde finales del siglo XIX (Marshall, 1950). En términos generales, se refiere a una forma de pertenencia a una entidad política y legal,⁴ de la cual se derivan un conjunto de derechos y obligaciones (Bellamy y Kennedy-Macfoy, 2014).

Su estudio ha dado lugar a dos líneas generales: la liberal y la republicana (Leydet 2017). La primera enfatiza aspectos de naturaleza estructural-normativa, entre los que resaltan las condiciones a través de las cuales se adquiere y se ejerce la ciudadanía. Desde la perspectiva republicana, se hace énfasis en la consideración de esta condición como un acto que implica el involucramiento y la participación en asuntos de interés público. Este trabajo se ubica en torno a esta segunda acepción, lo cual plantea que el centro de este estudio son las acciones que, en el ámbito de lo comunicativo, los ciudadanos llevan a cabo sobre los asuntos públicos, y que pertenecen a lo que Dominelli y Moosa-Mitha (2014) identifican como prácticas ciudadanas.

Algunas prácticas ciudadanas han sido cada vez más mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En este sentido, Neuman, Bimber y Hindman (2011) reconocen un conjunto de acciones que son realizadas en los entornos virtuales, que se relacionan con el ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas y que se derivan de las posibilidades de interacción que se presentan con los funcionarios públicos.

Otra vertiente del estado de la cuestión se determina por la noción de ciudadanía en lo digital, que corresponde al conjunto de prácticas que pretenden ampliar la democracia a través del uso de las TIC (Jenkins, 2011). Algunas de las conclusiones señalan que, aunque estas posibilidades de participación existen, ocurren alrededor de una serie de limitaciones derivadas de la brecha digital (Kenner y Lange, 2019; Oyedemi, 2020).

El estudio de la ciudadanía en PSD ha sido objeto de una notable atención académica. En torno a Twitter, destacan los trabajos de autores como Grant, Moon y Busby (2010), y Bonsón, Perea y Bednárová (2019), quienes señalan que esta plataforma suele ser empleada por los funcionarios públicos para obtener una participación de los ciudadanos, en forma de apoyo y sugerencias. Aunque en los primeros estudios destaca que algunas estrategias orientadas a esta plataforma con frecuencia eran ejecutadas desde lógicas centralizadas (Graham, Broersma, Hazelhoff y Van'T Haar, 2013), en otros se reconoce la manifestación de modelos comunicativos más participativos entre sus usuarios (Bekafigo y McBride, 2013).

En relación con Facebook, su estudio en materia de ciudadanía ha dado lugar a análisis que inicialmente solían enfocarse en los grupos de usuarios más jóvenes (Theocharis y Lowe, 2016), así como en la forma en que sus identidades eran expresadas a través de su participación discursiva en torno a los temas políticos (Marichal, 2013). Debido a los cambios demográficos recientes en esta plataforma, los trabajos actuales suelen centrarse en fenómenos como las cámaras de eco o burbujas informacionales (Cargnino y Neubaum, 2020), así como en el efecto de las estructuras algorítmicas en la discusión sobre asuntos públicos (Ohme, 2021).

Otro de los antecedentes del planteamiento es la noción de participación ciudadana, que está estrechamente relacionada con el concepto de ciudadanía. Como Cornwall (2002) sugiere, su definición tradicional solía limitarse al involucramiento de los ciudadanos a través de mecanismos relativamente esporádicos y con bajos niveles de colaboración, como las votaciones y los partidos políticos; sin embargo, en la actualidad esta participación se concibe a partir del establecimiento de acciones que faciliten y promuevan formas de acercamiento más abiertas entre los distintos niveles de gobierno y la ciudadanía.

Con base en Nabatchi y Leighninger (2015), la participación ciudadana puede entenderse como un proceso en el que los intereses, las necesidades y los valores de los ciudadanos son incorporados en la toma de decisiones gubernamentales, a través del establecimiento de interacciones organizadas e intencionales, basadas en la comunicación recíproca. Como Vromen (2017) sugiere, en ocasiones se considera que la participación no necesariamente implica compromisos ideológicos de largo plazo, sino que también puede incluir acciones más pragmáticas, relacionadas con asuntos de la vida cotidiana.

Como Nabatchi y Leighninger (2015) plantean, hay dos tipos de participación ciudadana: la gruesa, en la que, a partir de la deliberación, grandes cantidades de personas organizadas toman decisiones y actúan en consecuencia, y la ligera, en la que el involucramiento ocurre de forma individual a partir de un sentido de pertenencia con una causa mayor. En esta segunda, en la medida en que una cantidad suficiente de personas logre dar visibilidad a sus planteamientos, estos pueden tener un mayor impacto, como ocurre en las demandas que se vuelven virales en internet. Una de las principales diferencias entre estas dos formas de participación radica en que el primer escenario suele implicar una mayor inversión de tiempo, esfuerzo y recursos (tanto intelectuales como emocionales) que la segunda (Nabatchi y Leighninger, 2015).

En relación con la participación ciudadana y el internet, es posible encontrar diversas reflexiones sobre las posibilidades para establecer el involucramiento ciudadano a través de la mediación de las TIC. Mientras que para Nabatchi y Leighninger (2015) se trata de escenarios factibles desde los cuales sugieren estrategias concretas, Fuchs (2006), ubicado en una línea más crítica, cuestiona que sea posible alcanzar acuerdos representativos, a partir de la fragmentación y el anonimato que tienen lugar en la virtualidad. Para este autor, se trata de formas de colaboración en las que difícilmente es posible generar una voluntad colectiva.

Otros planteamientos sugieren el comienzo de formas híbridas de involucramiento con correspondencias entre lo físico y lo virtual (Treré, 2020), mientras que para Theocharis y Van Deth (2018), en lo digital es posible observar una ampliación en los repertorios de acción, donde no necesariamente hay una extensión de modos previamente disponibles. Como es posible observar, se trata de un asunto en torno al cual continúa un intenso debate sobre sus limitaciones y posibilidades.

En todo caso, se trata de un objeto que ha sido extensamente trabajado desde una perspectiva empírica. Debido a la numerosa cantidad de referencias disponibles, se limitó la búsqueda de antecedentes al último lustro, y únicamente a la participación ciudadana a través de PSD en Iberoamérica. Con base en Cornwall (2002) se puede decir que la mayor parte de los trabajos realizados en esta región concuerdan con la noción tradicional de participación, es decir, la que se asocia a los procesos electorales.

En estos trabajos destaca el uso de este tipo de plataformas para el establecimiento de interacciones entre los partidos y los candidatos con los electores, con relativamente bajos niveles de participación (Gamir, 2016), sobre todo cuando son empleadas como medios de difusión en lugar de como auténticos canales de participación (Muñiz, Dader, Téllez y Salazar, 2016; Moreno, 2017). En otros estudios, Facebook y Twitter son reconocidos como espacios virtuales de interacción con importantes niveles de involucramiento (López, Hernández, Santillán y Ortiz, 2018).

En lo relativo a los estudios actuales de la participación ciudadana en PSD, es posible identificar trabajos en los que se analizan procesos de deliberación e interacción con diversas entidades gubernamentales, como los parlamentos y ministerios de Estado. En este grupo destaca el esfuerzo para el empleo de estas tecnologías en el involucramiento de los ciudadanos en la transparencia gubernamental, aunque con resultados relativamente limitados (Rodríguez-Andrés, 2017), en particular en contextos en los que las estructuras gubernamentales tradicionalmente aplicadas a los ciudadanos tienden a ser trasladadas al ciberespacio (Téllez y Ramírez, 2021) y su uso es más informativo que deliberativo (Giraldo-Luque y Villegas-Simón, 2017).

Por lo anterior, se plantea que en la región aún hace falta mucho trabajo para el logro de esquemas virtuales de colaboración realmente efectivos (Callejo-Gallego y Agudo-Arroyo, 2019). En todo caso, algunas de estas tendencias coinciden con lo reportado sobre la ciudadanía en los espacios virtuales a nivel internacional.

En esta búsqueda se consideró oportuno destacar con mayor detalle aquellos trabajos centrados en el estudio de la participación ciudadana a través del empleo de PSD a nivel municipal. A partir de un estudio en los ayuntamientos de España y Brasil, Schimidt (2016) reporta que el uso de PSD permite a los usuarios un acercamiento eficaz con las autoridades sobre problemáticas cotidianas, como las vialidades y los espacios públicos. Estos resultados contrastan con lo encontrado por Astudillo (2016), en relación con el Municipio de Quito, Ecuador. Según esta autora, hasta el momento en que se hizo el estudio, las autoridades locales solo empleaban estrategias tradicionales con bajos niveles de interacción en estos medios.

A partir de un estudio en ediles de Bucaramanga, Colombia, (Bohórquez-Pereira, Flórez-Quintero y Alguero-Montaño, 2021), se sugiere que, a pesar de un notable incremento en el uso de las PSD, en la mayor parte de los casos observados prevalecen modos de comunicación que atienden más a una lógica de difusión que de interacción e involucramiento con los usuarios; como había sido observado en el trabajo de Téllez y Ramírez (2021). Como es posible sugerir a partir de estos trabajos, en algunas regiones de Iberoamérica tiende a prevalecer un uso dispar de las PSD en términos de la participación ciudadana, debido a la prevalencia de formas unidireccionales en la relación entre las autoridades y los gobernados.

En general, la identidad ha sido descrita como aquello que se es, lo que hace a una persona distinguible. Desde Mead (2009), esto permite entender la manera en que tienen lugar las interacciones en el plano social, a través de un conjunto de estructuras que parten de la experiencia con los demás, y que median en toda relación que se establece. Se es, plantea este autor, a partir de tales interacciones, en las que los procesos de comunicación contribuyen a establecer una distinción entre sí mismo y los otros.

La idea de esta estructura es retomada desde una dimensión socio-cognitiva por autores como Castells (1999) y Giménez (2000). Para ellos, la identidad se erige como una categoría que hace referencia no solo a la distinción con los demás, sino también como una matriz interpretativa a través de la cual el sujeto se ubica en relación con su realidad social.

Para Giménez (2000), la inclusión en los colectivos es un constituyente identitario en el que se ubica la familia como un punto de génesis, y que se amplía en función de su incorporación en diversos ámbitos del entorno social, entre los que se incluye el espacio inmediato. Para este autor, esta pertenencia es definida como la inserción de una personalidad individual en una colectiva hacia la que se experimenta una relación significativa, y que contribuye de manera relevante a la interiorización de un complejo simbólico que opera como un emblema de este grupo.

En este sentido, existen trabajos en los que se sugiere que la participación depende de las relaciones de pertenencia que existan sobre los entornos de interacción, que puede ir desde el barrio, hasta contextos más amplios, como la ciudad y el país (Tiramonti, Cullen y Fanfani, 2003), donde se comparten asuntos de interés común (Hafer y Ran, 2016). El espacio, como referente, contribuye a la distinción de qué se es, tanto en lo individual como en lo colectivo (Lefebvre, 1991). Cuando a un espacio delimitado y organizado a través de distintos acuerdos sociales se le asigna un significado específico, es posible hablar de un lugar (Aarseth, 2001).

Para efectos de este estudio, se emplearán tres variables específicas de lugar: el barrio (o vecindario), la ciudad y el estado. La definición específica de cada uno en la mente de sus habitantes es una construcción social y varía de acuerdo a las comunidades y los individuos, lo que guarda una estrecha relación con la participación y la identidad ciudadana (Haeberle, 1987).

A partir de lo anterior, se entenderá como identidad colectiva por espacio a las relaciones de sentido que inciden tanto en la autopercepción como en la proyección social del ser, que son elaboradas y expresadas en función de distintas dimensiones físicas que, por su alcance, pueden estar determinadas por el barrio, que es la unidad experiencial de sentido colectivo más cercana en el espacio público; la ciudad, que está compuesta por distintos barrios; y el estado, que depende de la agrupación geopolítica de distintas localidades y que, al rebasar la experiencia cotidiana, lleva al desarrollo de sentidos identitarios más abstractos que los dos primeros (Jones, Jones y Woods, 2004).

Además de lo espacial, la pertenencia a otras identidades colectivas por grupo puede estar determinada por el lugar de trabajo (Angouri y Marra, 2012), las filiaciones partidistas (Green, Palmquist y Schickler, 2002), las simpatías deportivas (Jackson, 2005) y la identidad regional (Barberich, Campbell y Hudson, 2012); entre otras posibilidades.

La identidad es un concepto de suma importancia relacionado con la ciudadanía ya que, según Harju (2007) y Hafer y Ran (2016), construye una relación entre la vida diaria de las personas y su actividad pública. La base conceptual que estos autores proponen corresponde a la manera en que los ciudadanos se definen a sí mismos como parte de una identidad cívica en un entorno determinado y las acciones que toman en consecuencia (Lowndes, Pratchett y Stoker, 2006). Para Harju (2007) la identidad puede ser vista como un recurso para la acción civil y un constituyente importante para la agencia, e integra todo un sistema de referencias y representaciones derivado de la pertenencia a una comunidad de intereses (Mayo, 2000).

Aunque las motivaciones para la participación pública rebasan el alcance de esta investigación, se puede decir que, con base en Gustafson y Hertting (2017), se trata de incentivos muy complejos, entre los que se encuentra el interés propio, ya sea tanto individual como del colectivo al que se pertenezca (familia, grupo, etcétera), así como el mejoramiento de las condiciones en su entorno próximo.

Para Hafer y Ran (2016), la identidad ciudadana se asocia a la participación en asuntos públicos, como un proceso de intercambio social en el que los ciudadanos se definen a sí mismos a partir de la conceptualización subjetiva de sus acciones, como parte de un colectivo. Estas prácticas son procesos en los que la identidad es construida de manera constante y en ocasiones conducen a autocategorizaciones que varían desde grupos amplios de participación, hasta colectivos involucrados en asuntos mucho más específicos (como ciudadanos que reportan fallas en la pavimentación a la autoridad correspondiente). Desde Huddy (2001), las acciones de los sujetos tienen una estrecha relación con el grupo significativo con el que tengan algún sentido de pertenencia, lo que conduce a la interiorización de una identidad social dinámica y dependiente del contexto en que se ubique.

Con base en las nociones de Giménez (2000), Mead (2009), Lowndes, Pratchett y Stoker (2006) y Hafer y Ran (2016) que se han revisado, la identidad ciudadana puede ser definida como el proceso de interiorización significante de elementos de un contexto compartido, que da sentido al yo en relación con un colectivo basado en la polis y que, desde la concepción republicana de ciudadanía, lleva a la realización de acciones que tienen que ver con asuntos de interés común, a través de las cuales el ser es continuamente redefinido.

Cuando estas acciones tienen lugar en actos comunicativos virtuales, es posible hablar de la expresión de la identidad ciudadana digital, que se entenderá como un proceso de significación y de definición del yo, tanto de manera pública como al interior de cada sujeto, que puede originar diversas prácticas sociales en los espacios de interacción en línea relacionados con asuntos de interés público, derivados de las condiciones del espacio físico en todas sus dimensiones (barrio, ciudad, región o país).

En cuanto a la observación de esta categoría desde el modelo republicano, se encontraron propuestas desarrolladas a partir de conceptos sumamente cercanos, como la ciudadanía activa (de Weerd, Gemmeke, Rigter y van Rij, 2005; Abs y Veldhuis, 2006), y la ciudadanía social (Quiroga, 2005). Estos autores han planteado un conjunto de indicadores a partir de los cuales se identifican cuatro variables para el registro de las prácticas ciudadanas digitales: el apoyo (expresiones de aprobación o simpatía con un sentido positivo), la oposición (enunciaciones de reprobación o antipatía, con un sentido mayormente negativo), la demanda (solicitudes o peticiones ante necesidades percibidas) y propuestas (sugerencias o planteamientos con un sentido propositivo).

Se propone que el posicionamiento discursivo-identitario de los ciudadanos puede ser categorizado a partir de esta matriz y, en virtud de lo que ha sido discutido sobre la identidad ciudadana, puede operar como una aproximación a esta categoría, por lo que será la base para el análisis del corpus de esta investigación. En este sentido, es importante destacar que no se ha encontrado ningún otro trabajo previo que haga un estudio específico de la manera en que se expresa la identidad ciudadana digital, por lo que se trata de un planteamiento exploratorio que deberá ser contrastado en futuras investigaciones.